De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud-OMS, anualmente mueren en el mundo más de 1,25 millones de personas en accidentes de tránsito que representan aproximadamente 3.500 fallecidos diarios. Además, entre 20 y 50 millones más sufren traumatismos por esta misma causa.
Casi la mitad de las muertes por esta causa en todo el mundo afectan a “usuarios vulnerables de la vía pública”, es decir, peatones, ciclistas y motociclistas. Los accidentes de tránsito cuestan a la mayoría de los países el 3% de su PIB. Si no se aplican firmes medidas para evitarlo, se prevé que para 2030 los accidentes de tránsito serán la séptima causa de muerte. La recientemente adoptada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha fijado una meta ambiciosa con respecto a la seguridad vial consistente en reducir a la mitad, para 2020, el número de muertes y lesiones por accidentes de tránsito en todo el mundo.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha fijado una meta ambiciosa con respecto a la seguridad vial consistente en reducir a la mitad, para 2020, el número de muertes y lesiones por accidentes de tránsito en todo el mundo
En ese contexto, Colombia no es ajena a esta problemática, dadas sus altas cifras de accidentalidad y la tendencia presentada en los últimos diez años (2005-2014) que muestra una preocupante cifra de 1.836.373 accidentes de tránsito para dicho periodo, que cobraron la vida de 58.122 personas y dejaron lesionadas a 411.957. Tan solo en el 2014, se presentaron 157.693 accidentes, en los que fallecieron 6.352 personas, lo que indica un incremento del 2,1% frente a 2013, y 41.452 resultaron lesionadas, cifra que representa un aumento del 6,2% con respecto al año 2013.
Segunda causa de muerte violenta
Este panorama refleja que los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte violenta en Colombia (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; Fondo de Prevención Vial, 2010) y la primera causa de muerte de los jóvenes colombianos menores de 30 años (Contraloría General, 2012). El impacto de los hechos relacionados con el tránsito y sus consecuencias conlleva a nuevos marcos normativos que prevengan, reduzcan y/o mitiguen el impacto físico, psicológico, social y económico de los hechos asociados al tránsito.
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