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“Aquel que prevé, es dueño de sus actos”. Johann Wolfgang Goethe OPINIoN 5 Febrero 2017 La redefinición del absentismo laboral y la declaración de las enfermedades profesionales, claves del éxito en prevención L os últimos datos conocidos alertan del tremendo impacto económico causado en las empresas por la inca- pacidad temporal por contingencias comunes. Antes de nada, es preciso recordar que éstas incluyen enfer- medades comunes o accidentes no laborales, al contrario de las contingencias profesionales, que contemplan accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En todo caso, no hay que olvidar que la posible baja laboral producida tanto por una contingencia común como por una profesional sigue unos protocolos estrictos que sitúan al trabajador y al empresario en el marco de una legislación vigente que regula los pasos a seguir y las consecuencias. Las bajas laborales que no se ciñen a la normativa generan un absentismo fraudulento que perjudica tanto a las empresas como a los trabajadores que realmente se encuentran en una situación de incapacidad, por lo que es preciso articular las medidas oportunas para erradicarlo. En ningún caso deben pagar justos por pecadores, resultando del todo imprescindible evitar interpretaciones sesgadas que distorsionan la realidad y que entorpecen notablemente la resolución de conflictos. En los últimos años las cifras apuntan a que el absentismo laboral se está in- crementando, pero desde el enfoque de la seguridad en el trabajo resulta del todo determinante definir (o redefinir) qué se considera en nuestro país “contingencia común” y “profesional” y, por supuesto, “absentismo”, tomando como referencia el concepto que se maneja en otros países europeos, analizando asimismo las causas o motivos del mismo. En este punto, no hay que olvidar el papel desempeñado por la infradeclaración de enfermedades profesionales –denunciada por múltiples expertos en prevención de riesgos laborales en foros de opinión– y la cobertura médica en los centros de salud de atención primaria de patologías claramente profesionales como si fuesen enfermedades comunes. Esta incorrecta y errónea categorización merece una in- vestigación profusa y detallada porque ocasiona unas consecuencias económicas negativas (al cargar al sistema nacional de salud pública con una asistencia que no le corresponde) que, además, merman la capacidad de reacción y el respaldo que puede precisar cualquier persona que sea trabajador. En conclusión, una vez declarada la incapacidad temporal –producida por una contingencia común o profesional– el trabajador debe obtener las prestaciones especificadas en la ley. El coste econó- mico (cuantías, porcentajes, quién lo asume…) de esta situación es un debate en paralelo, sumamente importante, pero que de ningún modo puede poner en peligro la salud del trabajador ni implicar un menoscabo de lo contemplado en la normativa desde el punto de vista de la seguridad laboral. Y es que un trabajador sano (y completamente recupe- rado) hace a la empresa más productiva y más competitiva. No queremos concluir este editorial sin referirnos al Día Mundial del Cáncer, celebrado el pasado 4 de febrero. Tal y como recoge la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo “se estima que, cada año, a 1,6 millones de personas en edad activa en Europa se les diagnostica un cáncer”, añadiendo que “es preciso hacer más para facilitar la sostenibilidad laboral de los trabajadores que sobreviven al cáncer, tanto para promover el bienestar de este grupo vulnerable como para reducir el impacto social y económico relacionado”. En la web de esta institución es posible consultar un informe que se centra en la rehabilitación y la reincorporación al trabajo después del cáncer. Esta enfer- medad en ocasiones aparece relacionada desgraciadamente a la actividad profesional desarrollada, por lo que resulta un compromiso ineludible, por parte de todos los agentes sociales con poder de decisión en materia de PRL, poner en práctica las actuaciones pertinentes para evitar cánceres de origen laboral. La solución a los costes derivados del absentismo laboral no debe menoscabar en ningún caso la seguridad de los trabajadores