La fusión de Umivale y de Activa Mutua, actualmente una única entidad tras ser efectiva su fusión desde el pasado 1 de enero, la mutua cierra 2021 con unos ingresos integrados de 1.472’60 millones de euros y un resultado positivo de 31’69 millones de euros.
Dicho resultado se destinará íntegramente a dotación de reservas, según ha aprobado la Asamblea General. Estas reservas ya superan los 405 millones de euros y confirman la solvencia y buena gestión de la entidad, basada en afianzar la cobertura sanitaria al colectivo protegido.
El Presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asistido a la Junta Directiva previa a la Asamblea General. La sesión ha sido dirigida por Álvaro Murga, presidente de Umivale Activa en representación de la empresa energética Iberdrola, acompañado de representantes de Mercadona, Banco Santander y BBVA y Héctor Blasco, director general de Umivale Activa.
El acto, que se ha celebrado en el Hotel Balneario Las Arenas de València, ha contado también con otros miembros de sus órganos de gobierno como el presidente de la CEV, Salvador Navarro; Banco Sabadell o Naturgy, además de numerosos representantes de otras empresas mutualistas como Prosegur, Universitat de València, Universidad Politécnica o Universidad Católica de Valencia.
El Presidente Puig ha señalado que Umivale Activa, «con una trayectoria centenaria, ha de continuar asegurando el tejido empresarial para sustentar el estado de bienestar y contribuir a la humanización de las relaciones laborales». El President Puig también ha destacado que hay dos valores diferenciales que han situado a Umivale Activa como referencia: la capacidad de gestión y la responsabilidad social.
La celebración de la Asamblea General ha servido asimismo de marco para recibir el Sello de Excelencia Europea EFQM 700. Se trata de la más alta distinción que contempla esta certificación internacional que reconoce la gestión excelente, innovadora y sostenible de las organizaciones, utilizando la evaluación con el Modelo EFQM. La mutua Umivale Activa es la primera organización española en lograr el distintivo tras el cambio de requisitos del modelo de EFQM en 2020.
Proteger la salud laboral de un millón y medio de personas
Tal y como se ha presentado en el Informe de Gobierno Corporativo, Umivale Activa cuenta con cerca de 107.000 empresas asociadas y más de 1.500.000 personas trabajadoras protegidas, a través de una red de 122 centros propios repartidos por toda España y una plantilla de 1.600 profesionales.
Durante el pasado año gestionó más de 1.086 millones de euros en prestaciones económicas de la Seguridad Social por contingencias profesionales y comunes, licencias por riesgo durante el embarazo y lactancia, cuidado de hijo menor enfermo y por ceses de actividad del colectivo de personas trabajadoras por cuenta propia.
El absentismo laboral, desorbitado
El presidente de Umivale Activa ha aprovechado su intervención para lanzar un llamamiento al esfuerzo colectivo para volver a situarnos en cotas aceptables de salud laboral. «Nuestras empresas y, por tanto, nuestra economía, están soportando cotas jamás alcanzadas en España de bajas laborales por motivos de salud, lo que unido a las graves tensiones inflacionistas, está complicando seriamente la competitividad de nuestra economía».
Desde Umivale Activa «seguimos trabajando en gestionar lo mejor posible la salud laboral de nuestro colectivo protegido a pesar de seguir padeciendo gran parte de las trabas y problemas que viene arrastrando el sector en los últimos años, como son la infrafinanciación de la incapacidad temporal por contingencia común o de las prestaciones del colectivo de trabajadores autónomos, la creciente burocracia, la falta de herramientas legales para acortar procesos y la congelación salarial que desde 2010 viene padeciendo nuestras plantillas, lo que está provocando una alta rotación muy difícil de paliar».
En este sentido Murga ha denunciado que: «el absentismo ha llegado a una cota hasta ahora jamás alcanzada en España. Es un lastre para la competitividad de nuestro tejido productivo. Los problemas estructurales de nuestro modelo de protección social, lejos de solucionarse se están cronificando, sin impulso político alguno que busque un uso justo de dichas prestaciones». Así ha reivindicado la necesidad de «implicar a todos los agentes sociales y de la Administraciones Autonómicas y del Estado en la búsqueda de un modelo sostenible de salud laboral donde, si hay que proteger otras situaciones, se haga sin enturbiar la gestión de los procesos sanitarios».
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