COVID-19: prevención y autoprotección en la administración local

A estas alturas de la crisis continúa en el aire una cuestión recurrente que se plantea sobre todo en diversos ámbitos relacionados con la sanidad, la prevención de riesgos laborales, la seguridad y las emergencias, etc. ¿Por qué no estábamos preparados? ¿Debimos haber trabajado más la prevención? Pero a pesar de ello de lo que no cabe duda, en mi opinión, es que este virus nos ha arrollado como si fuéramos una sociedad débil. Como aquella sociedad que nunca hubiera sufrido una situación de emergencia grave o, hablemos claro, una emergencia de protección civil. Y es que en España nos hemos preparado mediante simulacros y ejercicios para hacer frente a multitud de riesgos como accidentes nucleares o incluso erupciones volcánicas. Sin embargo, estamos poco o nada preparados para lo que nos ha tocado vivir.

Pero creo que es preciso concretar qué nos ha pasado. Porque hay quien lo llama pandemia y hay quien lo llama crisis sanitaria o epidemia, pero a mí me gusta definirla como lo que ha sido: una catástrofe. No nos engañemos, el COVID-19 ha provocado una auténtica catástrofe creando una situación que ha alterado e interrumpido sustancialmente el funcionamiento de nuestra sociedad dejando una cifra de fallecidos devastadora e importantes daños a la economía. La atención a esta catástrofe ha superado con creces los medios disponibles de toda comunidad provocando el colapso del sistema, sobre todo sanitario, y nos ha dejado en mayor o menor medida, un negativo impacto psicosocial del cual costará deshacernos. En este contexto cada administración ha debido enfrentarse a ella como buenamente ha sabido, implantando medidas basadas en protocolos y procedimientos internos y otros dictados por las autoridades sanitarias.

Cierta previsión

¿Y qué se hizo desde la administración local? Sirva de ejemplo la labor que desarrollamos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria donde he decir que tuvimos cierta previsión a la hora de preparar la estrategia a seguir en los días previos al estado de alarma del 14 de marzo. Una estrategia que se recogería el 12 de marzo mediante Resolución del alcalde en la que se constituiría un Comité Técnico para la creación del “Plan de Actuación Municipal frente al COVID-19”. Entre los objetivos se encontraba evitar la propagación de la enfermedad entre los trabajadores municipales y los ciudadanos, así como mantener funcionando los servicios esenciales para la ciudadanía. A través de esta resolución se establecieron medidas preventivas para reducir el riesgo de exposición y procedimientos de actuación para distintos casos que pudieran producirse, incluyendo recomendaciones de fomento del distanciamiento social como técnica más efectiva de contención del coronavirus.

Pautas y recomendaciones

En esta línea preventiva y como paso previo a esta resolución, a comienzos de marzo el Servicio de Recursos Humanos, Sección de Seguridad Laboral, había impartido charlas a todos los jefes de servicio donde se dictaron pautas y recomendaciones para impartir a todo el personal municipal sobre el riesgo, instando además a reforzar medidas de higiene en todos los ámbitos de trabajo y ante cualquier escenario de exposición. Todo ello en concordancia con las indicaciones y procedimientos de actuación que, para los servicios de prevención de riesgos laborales frente al coronavirus, eran indicadas por el Ministerio de Sanidad. Entre ellas que los periodos de aislamiento preventivo a que se vieran sometidos los trabajadores como consecuencia del virus SARS-CoV-2 serían considerados como situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común. En todo caso y en función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de transmisión en los primeros momentos, se establecieron tres escenarios de riesgo en los que se podían encontrar los trabajadores: exposición de riesgo, exposición de bajo riesgo y baja probabilidad de exposición. Conforme a estos escenarios, la gran mayoría del personal municipal se encuadraba dentro del último grupo.