La revista “Formación de Seguridad Laboral” reunió el pasado 3 de marzo al Consejo Técnico Asesor de manera virtual con el objetivo de conocer de primera mano sus acciones en torno al COVID-19.
En el comienzo de la reunión, Francisco Marqués, del INSST, explicó que el papel asignado a este organismo estuvo alineado con la autoridad sanitaria. El Instituto ha realizado guías y protocolos, así como labores de asesoramiento. Además, en su web cuenta con un espacio COVID-19 con herramientas destinadas a sectores y actividades concretas.
Desde el IRSST se identificaron necesidades, dudas frecuentes y demandas del sector de la PRL, explicó Eva Barrio. Esta entidad generó documentación muy práctica para facilitar la reincorporación laboral.
Olivia Maestre, del IRSST, añadió como aspecto relevante a contemplar el psicosocial, incidiendo en el estrés y la ansiedad derivada de los trabajadores que han perdido a familiares: estas circunstancias son parte del día a día del trabajador y del empresario.
Ángel García, de AMAT, manifestó que las mutuas han puesto al servicio de la sociedad su red de hospitales, lo que ha conllevado una gran revolución: se han tratado a casi 600 enfermos de COVID-19 y a cerca de 150 personas procedentes de residencias de mayores. Además, han gestionado las prestaciones de casi 1 millón y medio de autónomos por cese de actividad. Todo ello constituye un buen ejemplo de colaboración público-privada.
Luis Gil, de ASEPAL, recordó el complicado abastecimiento de EPIS, por el bloqueo de las exportaciones por parte de China. A tenor de esto, alertó sobre la compra de equipos de protección que no cumplen con la legislación, lo que conlleva riesgos. La labor de ASEPAL se ha centrado en asesorar a las empresas, importar productos seguros y ofrecer soporte a usuarios y empresas que debían adquirir EPIS, centrándose también en divulgar y educar sobre el uso de estos equipos. Luis Gil concluyó su intervención transmitiendo que a la hora de comprar no se ha tenido en cuenta la voz de los profesionales del sector.
Ernesto Rubio, de ASPREN, indicó que la relación con las autoridades se ha concretado en medidas y protocolos de carácter organizativo, de protección personal (EPIS), de trabajadores sensibles y vulnerables y de seguimiento de casos sospechosos. Tal y como recoge la normativa, los servicios de prevención ajenos (SPA) deben cooperar con el sistema nacional de salud cuando se le solicite, y así ha sido, produciéndose una colaboración público-privada.
La reevaluación de los riesgos ergonómicos y el repensar los espacios de alta concurrencia son los retos que ha asumido el IBV, tal y como testimonió Javier Sánchez. Este instituto incluye en su web consejos y recomendaciones derivadas de los proyectos I+D con respecto al teletrabajo, a hábitos saludables, etc.
María Valcarce, de SICUR, se enorgulleció por la “construcción” del hospital de IFEMA. Por otro lado, adelantó la celebración de ‘SICUR Especial COVID’, un evento virtual y presencial que se centrará en la bioseguridad y en la adaptación de empresas y negocios al escenario de protección postcoronavirus.
Desde el CGPSST, Rafael Ruiz Calatrava informó de que se ha elaborado un protocolo de exposición al riesgo biológico con respecto al COVID-19 y un documento sobre la evaluación de riesgos psicosociales para policías, sanitarios, militares… Como crítica, Ruiz Calatrava compartió un sentimiento de frustración, echando en falta el papel decisivo de entidades como la que preside en el contexto actual.
Por último, Teresa del Campo, de la AEEMT, expresó que como médicos del trabajo se han preocupado por el trabajador especialmente sensible y el retorno al trabajo, distribuyendo una guía con respecto a este último asunto. Para la representante de esta asociación, se ha evidenciado que las valoraciones de los médicos del trabajo deben tener mayor reconocimiento y suficientes recursos para llevarlas a cabo.
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